dimecres, 27 de gener de 2016

El desacuerdo entre los políticos conduce a España hacia una ‘selva jurídica’

El desacuerdo entre los políticos conduce a España hacia una ‘selva jurídica’

La dinámica del “no, no, no” y de “yo, yo, yo” que preside las conversaciones para formar el nuevo gobierno nos acerca, salvo sorpresa de última hora, a nuevas elecciones. Los mismos partidos convienen en que esta posibilidad no es la mejor para España. Y hay algo todavía peor que eso: a día de hoy no parece que unas elecciones generales en primavera arrojen resultados muy distintos de los del pasado 20 de diciembre.

Los sondeos publicados en las últimas horas en distintos medios vaticinan un escenario parecido al de hoy. La suma de PP y Ciudadanos, con una hipotética cantidad de escaños en donde suman los de Rajoy y pierden los de Rivera, no alcanza la mayoría absoluta en el Parlamento. Tampoco llegaría a ella una alianza de PSOE y Ciudadanos o de PSOE y Podemos.

Ni el Observatorio de la Ser ni la encuesta GAD para el diario ABC ni la de NC Report para La Razón prevén una correlación de fuerzas diferente a la que ya hay. La coincidencia de estas previsiones permite prever un escenario aún más insólito del que estamos viviendo en estos momentos. Los partidos tendrán que volver a negociar. Una labor a la que no están acostumbrados, a diferencia de los que ocurre en otros países como Alemania, que en pocos meses consiguieron armar un Gobierno de Coalición gobernado por los conservadores pero con importantes compromisos acordados con los socialdemócratas.

En España no existe precedente de "segunda vuelta política", como ocurre en países presidencialistas, donde los votos de la opción perdedora suelen beneficiar en una segunda ronda electoral al partido ideológicamente más cercano. Los trasvases de voto de Ciudadanos al PP y de Podemos al PSOE (o viceversa) serán mínimos. Entre otras razones, porque el programa electoral de los partidos, que pocos ciudadanos leen, no es el factor principal para decir en voto en España. 
Pero, ¿qué pasaría en España si, aun con nuevas elecciones, el Congreso no consigue acordar un gobierno en junio? ¿Podría esperarse a otoño? ¿Y quién garantiza que las negociaciones de los partidos alcancen el éxito entonces?

Un clásico del Derecho Administrativo como Alejandro Nieto afirmaba en uno de sus libros que la historia de España es la de “un país sin gobierno pero con una buena administración”.
España se ha ganado esta definición no sólo por la buena preparación de su cuerpo de funcionarios, sino también por sus leyes. Estas leyes garantizan que la Nación nunca deja de tener Gobierno. Desde que se celebran las elecciones, el gobierno saliente ejerce su labor 'en funciones' hasta que el nuevo Congreso elija al nuevo presidente. De acuerdo a la ley, este gobierno en funciones se encarga de llevar “la administración ordinaria de los asuntos públicos”.

Ahora bien, como explica Joan Lluís Pérez Francesch, profesor de Derecho Constitucional acreditado como catedrático en la Universitat Autònoma de Barcelona, “el Derecho no puede dar soluciones a todos los problemas de la vida”.

Y el problema que está provocando el desacuerdo entre los partidos políticos es muy serio. “El gobierno en funciones está pensado para una situación normal, en la que transcurren uno o dos meses entre la elecciones y la juramentación del nuevo presidente. Lo que está pasando ahora en la política española, y sobre todo lo que puede pasar, escapa de toda normalidad. Por tanto, no cabe hacer una reflexión estrictamente jurídica”.

Según Joan Lluís Pérez Francesch, el fracaso de los partidos en una primera ronda de negociaciones les debería obligar a replantear sus programas en unas segundas elecciones. Estos nuevos programas deberían facilitar el cumplimiento de la misión que no han podido lograr antes: formar gobierno. Lo cual tampoco asegura que pueda conseguirse, puesto que el programa electoral influye poco en la decisión del votante. “Como no tenemos experiencia en una situación similar, tampoco sabemos muy bien lo que puede ocurrir”.